domingo, 25 de septiembre de 2005
Argentina: El Congreso aprobó dos Leyes dictadas por Washintong
El Congreso Nacional aprobó, el 31 de marzo pasado, dos leyes "antiterroristas" virtualmente dictadas desde Washington por el gobierno de George Bush. En este informe Patricia Walsh expresó: "No debimos permitir que esto ocurriera".
Por Carlos Rodríguez y Mariana Collante
En el mayor de los silencios, sin difusión por parte de los medios de prensa ni críticas masivas de los organismos de derechos humanos, el Congreso Nacional aprobó, el 31 de marzo pasado, dos leyes "antiterroristas" virtualmente dictadas desde Washington por el gobierno de George Bush. La primera de ellas aprueba la aplicación en la Argentina de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que fue gestada en Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002, bajo la batuta del gobierno de los Estados Unidos. La segunda ley convalida el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1999.
La primera de las normas, en el artículo 1, dice que su objetivo es "prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo", aunque nada explica sobre qué se entiende por "terrorismo". La palabra "eliminar" tiene reminiscencias tremendas en la Argentina, porque trae a la memoria el verbo "aniquilar", al que se apeló, en 1975, en el decreto de un gobierno constitucional, firmado entre otros por el tantas veces ministro, vicepresidente y gobernador Carlos Ruckauf, para dar comienzo al Operativo Independencia, contra la "subversión", que terminó con 30.000 desaparecidos, miles de presos y torturados en cárceles y centros clandestinos de detención, y un sinfín de exiliados.
En el artículo segundo de la norma, se especifica que son "delitos" los que están mencionados en diez convenios internacionales, cinco de los cuales fueron firmados entre los años 1970 y 1980, es decir en plena ofensiva del llamado Plan Cóndor, que hizo estragos en los países de Latinoamérica, desde Chile hasta la Argentina, pasando por Uruguay, Brasil, Bolivia, Nicaragua y otras naciones aplastadas por gobiernos militares o civiles cuya plataforma política estuvo basada en el autoritarismo, la persecución y las ejecuciones sumarias de opositores políticos.
Las normas que son tomadas como marco de la ley "antiterrorista", son los convenios y convenciones para la represión del apoderamiento de aeronaves (La Haya, diciembre de 1970); represión de actos ilícitos contra la aviación civil (Montreal, 1971); prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, incluyendo los agentes diplomáticos (ONU, 1973); toma de rehenes (ONU, 1979); protección física de materiales nucleares (Viena, 1980); violencia en los aeropuertos (Montreal, 1988); represión de "actos ilícitos" contra la seguridad de la navegación marítima (Roma, 1988); represión de "actos ilícitos" contra plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (Roma, 1988); represión de "atentados terroristas con bombas" (ONU, 1997), y represión de la financiación del terrorismo (ONU, 1999).
En el artículo 3 se especifica que "cada Estado parte" tendrá que esforzarse "por ser parte de los instrumentos internacionales" mencionados. Las naciones tendrán que adoptar, en consecuencia, "las medidas necesarias para la aplicación efectiva" de los convenios y convenciones "incluido el establecimiento en su legislación interna de penas a los delitos ahí contemplados".
Para facilitar la extradición de los presuntos "terroristas", los gobiernos se prestarán asistencia jurídica mutua y "ninguno de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2"será considerado "un delito político o un delito inspirado por motivos políticos". En consecuencia "una solicitud de extradición o de asistencia jurídica mutua no podrá denegarse por la sola razón de que se relaciona con un delito político o con un delito conexo con delito político o un delito inspirado por motivos políticos". Ya no existirá la posibilidad de asilo político del supuesto "terrorista", pero el Estado tendrá todas las herramientas para detenerlo o expulsarlo por alegadas cuestiones políticas e ideológicas.
El destacado lingüista norteamericano Noam Chomsky ha dicho que su país, Estados Unidos, es "el verdadero Estado ilegal" porque "rechaza el cumplimiento de las normas internacionales, actúa unilateralmente y se abre paso violentamente" a la hora de enfrentar los conflictos. Las normas "antiterroristas" aprobadas en Argentina hacen posible que aunque EEUU no tenga excusas para intervenir militarmente en el país, lo pueda hacer, de todos modos, aplicando las convenciones internacionales avaladas por leyes como las sancionadas en el Congreso Nacional a fines de marzo.
La Correpi, uno de los pocos organismos que denunció la sanción de las dos leyes, recordó que Estados Unidos, gestor de las dos normas aprobadas, es el "Estado terrorista" por excelencia, como lo ha demostrado desde 1779, con George Washington a la cabeza, hasta las recientes invasiones de Bush en Afganistán o Irak, pasando por las bombas nucleares en Nagasaki o Hiroshima, o la guerra de Vietnam. En las dos normas aprobadas por el Congreso Nacional, se advierte que el "terrorismo" está aunado, en los últimos tiempos, con el "narcotráfico" y con el "lavado de dinero". Nada se dice, en relación con esos rubros, que tanto el tráfico de droga como el lavado del dinero son negocios monumentales que tienen su epicentro en Estados Unidos y en su principal aliado, Inglaterra, como lo han expresado Chomsky y varios estudios realizados por analistas occidentales. Incluso hay trabajos realizados por la DEA, el organismo que fija la política norteamericana en relación con la llamada "lucha contra el narcotráfico".
La ofensiva, en la Argentina, para que el Congreso aprobara los convenios y convenciones en materia de "terrorismo", se agudizó a partir del mes de enero de 1995, con la asunción, como ministro del Interior de Carlos Vladimiro Corach, durante la gestión de Carlos Menem. Todo el periplo está enumerado, en detalle, en un panfleto con forma de libro llamado "La respuesta argentina frente al terrorismo", escrito por Corach y por Mario Baizán, un paraperiodista que estuvo en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) durante la gestión del también paraperiodista Juan Bautista "Tata" Yofre. El impulso de Menem-Corach se tradujo en los proyectos de ley motorizados durante el gobierno del presidente "interino" Eduardo Duhalde y ahora se sancionaron bajo la administración "progresista" de Néstor Kirchner.
Corach, en conjunción con EEUU, fue el que comenzó a demonizar a la zona denominada de la Triple Frontera, que une Argentina con Paraguay y Brasil. La periodista Stella Calloni ha denunciado el ingreso al Paraguay de 400 marines que cuentan con inmunidad, libre tránsito y permanencia. Todo porque allí, según Washington, se han asentado los "terroristas" islámicos que asolan al "mundo libre". Una nota publicada en Buenos Aires por el diario Clarín, el 19 de agosto de 2001, poco antes del atentado a las Torres Gemelas, decía textualmente: "Salta es uno de los epicentros del conflicto social, con ciudades como General Mosconi y Tartagal que se mostraron entre las pioneras de la nueva forma de protesta nacional contra la desocupación y el ajuste que encarnan los piqueteros. Por otra parte, se suele decir que la provincia está atravesada por varias rutas del narcotráfico…" El párrafo, sacado de contexto, podría dar pie a cualquier futura intervención militar, como la que hoy está asolando a Colombia. La nota hacía alusión al Operativo Cabañas, con participación de tropas estadounidenses y argentinas, que durante años se hizo en Salta. Eran verdaderos simulacros de operativos "antiterroristas" o las inefables "ayudas humanitarias", como las que destruyeron Los Balcanes o los asentamientos kurdos en Turquía. La vieja receta de los EEUU.
Por Carlos Rodríguez
Por Carlos Rodríguez y Mariana Collante
En el mayor de los silencios, sin difusión por parte de los medios de prensa ni críticas masivas de los organismos de derechos humanos, el Congreso Nacional aprobó, el 31 de marzo pasado, dos leyes "antiterroristas" virtualmente dictadas desde Washington por el gobierno de George Bush. La primera de ellas aprueba la aplicación en la Argentina de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que fue gestada en Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002, bajo la batuta del gobierno de los Estados Unidos. La segunda ley convalida el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1999.
La primera de las normas, en el artículo 1, dice que su objetivo es "prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo", aunque nada explica sobre qué se entiende por "terrorismo". La palabra "eliminar" tiene reminiscencias tremendas en la Argentina, porque trae a la memoria el verbo "aniquilar", al que se apeló, en 1975, en el decreto de un gobierno constitucional, firmado entre otros por el tantas veces ministro, vicepresidente y gobernador Carlos Ruckauf, para dar comienzo al Operativo Independencia, contra la "subversión", que terminó con 30.000 desaparecidos, miles de presos y torturados en cárceles y centros clandestinos de detención, y un sinfín de exiliados.
En el artículo segundo de la norma, se especifica que son "delitos" los que están mencionados en diez convenios internacionales, cinco de los cuales fueron firmados entre los años 1970 y 1980, es decir en plena ofensiva del llamado Plan Cóndor, que hizo estragos en los países de Latinoamérica, desde Chile hasta la Argentina, pasando por Uruguay, Brasil, Bolivia, Nicaragua y otras naciones aplastadas por gobiernos militares o civiles cuya plataforma política estuvo basada en el autoritarismo, la persecución y las ejecuciones sumarias de opositores políticos.
Las normas que son tomadas como marco de la ley "antiterrorista", son los convenios y convenciones para la represión del apoderamiento de aeronaves (La Haya, diciembre de 1970); represión de actos ilícitos contra la aviación civil (Montreal, 1971); prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, incluyendo los agentes diplomáticos (ONU, 1973); toma de rehenes (ONU, 1979); protección física de materiales nucleares (Viena, 1980); violencia en los aeropuertos (Montreal, 1988); represión de "actos ilícitos" contra la seguridad de la navegación marítima (Roma, 1988); represión de "actos ilícitos" contra plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (Roma, 1988); represión de "atentados terroristas con bombas" (ONU, 1997), y represión de la financiación del terrorismo (ONU, 1999).
En el artículo 3 se especifica que "cada Estado parte" tendrá que esforzarse "por ser parte de los instrumentos internacionales" mencionados. Las naciones tendrán que adoptar, en consecuencia, "las medidas necesarias para la aplicación efectiva" de los convenios y convenciones "incluido el establecimiento en su legislación interna de penas a los delitos ahí contemplados".
Para facilitar la extradición de los presuntos "terroristas", los gobiernos se prestarán asistencia jurídica mutua y "ninguno de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2"será considerado "un delito político o un delito inspirado por motivos políticos". En consecuencia "una solicitud de extradición o de asistencia jurídica mutua no podrá denegarse por la sola razón de que se relaciona con un delito político o con un delito conexo con delito político o un delito inspirado por motivos políticos". Ya no existirá la posibilidad de asilo político del supuesto "terrorista", pero el Estado tendrá todas las herramientas para detenerlo o expulsarlo por alegadas cuestiones políticas e ideológicas.
El destacado lingüista norteamericano Noam Chomsky ha dicho que su país, Estados Unidos, es "el verdadero Estado ilegal" porque "rechaza el cumplimiento de las normas internacionales, actúa unilateralmente y se abre paso violentamente" a la hora de enfrentar los conflictos. Las normas "antiterroristas" aprobadas en Argentina hacen posible que aunque EEUU no tenga excusas para intervenir militarmente en el país, lo pueda hacer, de todos modos, aplicando las convenciones internacionales avaladas por leyes como las sancionadas en el Congreso Nacional a fines de marzo.
La Correpi, uno de los pocos organismos que denunció la sanción de las dos leyes, recordó que Estados Unidos, gestor de las dos normas aprobadas, es el "Estado terrorista" por excelencia, como lo ha demostrado desde 1779, con George Washington a la cabeza, hasta las recientes invasiones de Bush en Afganistán o Irak, pasando por las bombas nucleares en Nagasaki o Hiroshima, o la guerra de Vietnam. En las dos normas aprobadas por el Congreso Nacional, se advierte que el "terrorismo" está aunado, en los últimos tiempos, con el "narcotráfico" y con el "lavado de dinero". Nada se dice, en relación con esos rubros, que tanto el tráfico de droga como el lavado del dinero son negocios monumentales que tienen su epicentro en Estados Unidos y en su principal aliado, Inglaterra, como lo han expresado Chomsky y varios estudios realizados por analistas occidentales. Incluso hay trabajos realizados por la DEA, el organismo que fija la política norteamericana en relación con la llamada "lucha contra el narcotráfico".
La ofensiva, en la Argentina, para que el Congreso aprobara los convenios y convenciones en materia de "terrorismo", se agudizó a partir del mes de enero de 1995, con la asunción, como ministro del Interior de Carlos Vladimiro Corach, durante la gestión de Carlos Menem. Todo el periplo está enumerado, en detalle, en un panfleto con forma de libro llamado "La respuesta argentina frente al terrorismo", escrito por Corach y por Mario Baizán, un paraperiodista que estuvo en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) durante la gestión del también paraperiodista Juan Bautista "Tata" Yofre. El impulso de Menem-Corach se tradujo en los proyectos de ley motorizados durante el gobierno del presidente "interino" Eduardo Duhalde y ahora se sancionaron bajo la administración "progresista" de Néstor Kirchner.
Corach, en conjunción con EEUU, fue el que comenzó a demonizar a la zona denominada de la Triple Frontera, que une Argentina con Paraguay y Brasil. La periodista Stella Calloni ha denunciado el ingreso al Paraguay de 400 marines que cuentan con inmunidad, libre tránsito y permanencia. Todo porque allí, según Washington, se han asentado los "terroristas" islámicos que asolan al "mundo libre". Una nota publicada en Buenos Aires por el diario Clarín, el 19 de agosto de 2001, poco antes del atentado a las Torres Gemelas, decía textualmente: "Salta es uno de los epicentros del conflicto social, con ciudades como General Mosconi y Tartagal que se mostraron entre las pioneras de la nueva forma de protesta nacional contra la desocupación y el ajuste que encarnan los piqueteros. Por otra parte, se suele decir que la provincia está atravesada por varias rutas del narcotráfico…" El párrafo, sacado de contexto, podría dar pie a cualquier futura intervención militar, como la que hoy está asolando a Colombia. La nota hacía alusión al Operativo Cabañas, con participación de tropas estadounidenses y argentinas, que durante años se hizo en Salta. Eran verdaderos simulacros de operativos "antiterroristas" o las inefables "ayudas humanitarias", como las que destruyeron Los Balcanes o los asentamientos kurdos en Turquía. La vieja receta de los EEUU.
Por Carlos Rodríguez